Divorcios

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Separaciones, divorcios, nulidad de matrimonios...

Una ruptura matrimonial o de pareja requiere casi siempre un procedimiento judicial, bien porque no haya acuerdo o bien para dotar de plena eficacia el acuerdo que se haya alcanzado.

La separación y el divorcio llevan una tramitación similar siendo su diferencia principal que la separación no disuelve el matrimonio, es decir, sigue existiendo y por tanto no se pueden contraer nuevas nupcias y con el divorcio sí que existe tal disolución, con lo que cualquiera de las cónyuges podría volver a casarse con otra persona.

Desde la modificación realizada en el año 2.005 por la que ya no es necesario interponer antes la demanda de separación para poder instar el divorcio, en la amplia mayoría de los casos se formula directamente el divorcio.

Las medidas paternofiliales se refieren a cuando existe una pareja que no está casada y hay hijos y, por tanto, se tienen que establecer reglas para determinar la relación con los hijos una vez rota la pareja y la convivencia.

Tanto la separación como el divorcio como las medidas paternofiliales pueden tramitarse de dos maneras:

  1. De mutuo acuerdo: en este caso los cónyuges han llegado a un acuerdo para regular su situación después de la separación o divorcio y firman un documento denominado convenio regulador que, para que tenga plena eficacia, ha de ratificarse ante el juez previa interposición de demanda en el Juzgado competente.
  2. Contencioso: si no existe posibilidad de acuerdo uno de los cónyuges tiene que demandar al otro.
  3. La medidas que hay que adoptar en cualquiera de estos procedimientos son las siguientes:

    • Patria potestad: si hay hijos comunes la patria potestad en casi todos los casos, solo se exceptúan cuando existen causas de pérdida de dicha patria potestad determinadas en el artículo 170 del Código Civil (El padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de su potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial), le corresponde a ambos progenitores y supone que la adopción de decisiones trascendentales en la vida del menor tienen que ser adoptadas por ambos progenitores de común acuerdo o, en su defecto, recabar el auxilio judicial para que se decida lo más conveniente. Entre tales decisiones a modo de ejemplo se citan la elección de colegio, religión, cuestiones médicas de importancia, etc.
    • Guarda y custodia: significa atribuir a uno de los progenitores la convivencia con los hijos menores de edad. La elección del progenitor que va a tener esa guarda y custodia se ha de hacer en base a lo más beneficioso para los hijos, y si no hay acuerdo sobre ello, lo más habitual es que se practique dentro del procedimiento judicial una prueba denominada psicosocial, en la que un asistente social y un psicólogo entrevistan a los cónyuges y a los hijos para determinar cuál es el progenitor más idóneo para ostentar dicha guarda y custodia, así como el régimen de visitas con el otro progenitor. También se suele practicar la prueba de exploración del menor, consistente en que el juez se entrevista con el menor, obligatoriamente cuando ya ha cumplido 12 años, y habla con él sobre sus preferencias y la situación familiar.

    Existe la posibilidad de que la guarda y custodia sea compartida, y si bien se prevé que se establezca si se hace de mutuo acuerdo por ambos progenitores, existe también la posibilidad de que el juez lo establezca pidiéndolo sólo uno de los progenitores, pero esta forma ya en el Código Civil se considera como excepcional, de manera que, hasta la fecha, es muy raro que se conceda compartida si no es de mutuo acuerdo.

    • Uso de la vivienda familiar: la atribución del uso del que ha sido el domicilio conyugal se realiza a favor de los menores, de manera que el progenitor a cuyo cargo queden, tendrá también atribuido dicho uso. Esta atribución durará hasta que los menores sean independientes económicamente o excedan de una edad lógica para que hayan alcanzado dicha independencia (jurisprudencialmente se viene estableciendo en torno a los 26 años).

      El uso de la vivienda implica que el progenitor no custodio deberá abandonarla, no contribuirá a los gastos de consumos ni a la cuota ordinaria de la comunidad de propietarios, pero sí vendrá obligado a pagar la hipoteca, en su caso, así como gastos e impuestos que graven la propiedad.

      Puede darse incluso el caso de que la vivienda sea propiedad privativa del que no tiene atribuido su uso, lo cual no impide que sea usada por los hijos y por el otro progenitor, aunque este no sea propietario.

    • Pensión de alimentos: la tendrá que pagar el progenitor no custodio y la cuantía de dicha pensión se establece en función de las necesidades de los menores y los ingresos de los progenitores, buscando la ley el beneficio para los menores, de manera que noten lo menos posible el cambio provocado por la ruptura de los padres. Actualmente existen algunas tablas que sirven de orientación de la cuantía de la pensión en función de tales ingresos sobre las que podemos asesorarles.

      Esta pensión durará hasta que los menores sean independientes económicamente o excedan de una edad lógica para que hayan alcanzado dicha independencia (jurisprudencialmente se viene estableciendo en torno a los 26 años).

    • Gastos extraordinarios: los progenitores deberán contribuir a los gastos extraordinarios al 50%, si bien tales gastos deben diferenciarse en dos:

      • Necesarios: tales como gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social, gafas, tratamiento dental no estético… Estos gastos son de obligado pago y deben ser comunicados y acreditados por el progenitor custodio al no custodio para que proceda a su pago.
      • Resto de gastos: tales como actividades extraescolares, deportivas, excursiones… Estos gastos para poder reclamarlos al otro progenitor tienen que ser comunicados y aceptados por el no custodio, si no, no se tiene obligación de pagarlos.
      • Régimen de visitas: el progenitor con el que no conviven los menores tiene derecho, y obligación puesto que es imprescindible para el buen desarrollo de los menores, a tener un régimen de visitas.

        A continuación detallamos el que es más habitual, si bien hay que tener en cuenta que todo depende también de la edad de los menores, ya que si son mayores de 14 años suele ser más habitual que sea por acuerdo con ellos, dada su edad, y si son menores de 1 año se suele establecer alguno especial en atención a la corta edad y necesidades de la misma.

        Por tanto el habitual es:

        • Fines de semana alternos desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde (a veces se pacta hasta el lunes por la mañana llevándoles al colegio).
        • Una o dos tardes entre semana.
        • Mitad de vacaciones de verano, de navidad y de semana santa.
      • Pensión compensatoria: en los casos en que la ruptura produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio (es decir no existe esta posibilidad en parejas de hecho), tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.

        A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

        1. Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges.
        2. La edad y el estado de salud.
        3. La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.
        4. La dedicación pasada y futura a la familia.
        5. La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.
        6. La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.
        7. La pérdida eventual de un derecho de pensión.
        8. El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.
        9. Cualquier otra circunstancia relevante.

        En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad.

      • Contribución de cargas familiares y litis expensas: en el convenio o, en su defecto, conforme determine el juez en el auto de medidas provisionales o en sentencia, establecerá cómo tiene que contribuir cada cónyuge a las cargas familiares (deudas, préstamos, hipotecas, etc), e incluso puede establecer, si uno de los cónyuges no tiene ingresos, que el otro pague los gastos judiciales del procedimiento.

        Liquidación de la sociedad de gananciales: esta liquidación se puede hacer sin necesidad de que exista una separación o divorcio, puesto que se puede simplemente firmar una escritura de capitulaciones matrimoniales acogiéndose a otro régimen, como es el de la separación de bienes, y otra escritura en la que se liquide dicha sociedad de gananciales adjudicando bienes al 50% entre los cónyuges.

        Si se tramita la separación o el divorcio de mutuo acuerdo en el convenio regulador se puede liquidar la sociedad de gananciales, lo cual conlleva un ahorro puesto que se evita el gasto de notario.

        Si la separación o el divorcio son contenciosos hay que esperar a que exista sentencia para promover una demanda de ejecución de sentencia en solicitud de tal liquidación de gananciales, que se tramitará ante el Juzgado en el que se haya tramitado la separación o divorcio.

        Hemos expuesto hasta aquí el procedimiento y cuestiones más relevantes a tener en cuenta en este tipo de asuntos, si bien, sobre todo en estas cuestiones en las que existe un alto grado de emotividad e hijos que obligan a continuar teniendo un trato con el otro cónyuge, cada caso tiene sus propias particularidades, motivo por el que les recomendamos que contacten con nosotros para tratar su asunto de una manera personalizada tanto en la resolución del problema como en el presupuesto de los gastos que cada caso puede generar.

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